Las FARC, ahora convertidas en partido político, denunciaron hoy que exguerrilleros han recibido amenazas de muerte a través de correos electrónicos y pidieron protección al Gobierno como prevé el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado.

Así lo aseguró Luis Antonio Losada, alias "Carlos Antonio Lozada", en una rueda de prensa en la que dijo que desde que se firmó el acuerdo han sido asesinados cinco exguerrilleros, nueve milicianos (civiles sin armas) y once familiares de integrantes de las FARC.

Igualmente, Lozada llamó al expresidente uruguayo José Mujica y al exjefe del gobierno español Felipe González, verificadores del acuerdo de paz, "a que tomen nota de este pronunciamiento para lo que tenga que ver con las funciones que les asigna el Acuerdo".

Según Lozada, han sido víctimas de amenazas de muerte miembros de la Fundación Legado, compuesta por familiares de excombatientes muertos en el conflicto, y Juventud Rebelde, en donde militan integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), como ese grupo bautizó a su partido político.

El dirigente aseguró que las amenazas fueron enviadas "por medios electrónicos a nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", cuya existencia niega el Gobierno aunque admite el surgimiento de bandas conformadas por excombatientes.

Las AUC y el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) mantuvieron un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz.

"Exigimos al Gobierno Nacional plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad y las consecuencias que tiene para la sociedad el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente", dijo Lozano.

Ante los hechos, las FARC pidieron "una reunión extraordinaria" de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que "se informe de la gravedad de la situación de seguridad" que afecta los combatientes en proceso de reincorporación y a sus familiares.

EFE